Las noticias empresariales éticamente cuestionables están en la prensa de todo el mundo. No hay sector que escape a esta realidad, arrastrando a empleados, proveedores, inversores o clientes de las compañías protagonistas. “Igual que la bajada de la marea descubre la suciedad del fondo del mar, la crisis económica ha aflorado las malas prácticas de las empresas”, explica Joan Fontrodona, profesor de ética de IESE Business School. Para atacar el problema, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aconseja en su nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas “llevar los controles de responsabilidad social corporativa (RSC) a los consejos de administración, el máximo órgano de decisión de las empresas”, concreta Fontrodona.

Y así lo están haciendo las grandes compañías cotizadas españolas. El cambio para gestionar los riesgos no financieros desde la cima empresarial es un paso de gigante para cumplir el buen gobierno corporativo. Algunas empresas que encargaron la supervisión de su política de sostenibilidad a las comisiones de auditoría o de nombramientos y retribuciones ahora tendrán una comisión específica dependiente de su máximo órgano de control.

Salto de gigante

“La entrada de la RSC en los consejos de administración de las compañías españolas es pionera en todo el mundo. Es la guinda de la normativa desarrollada en los dos últimos años para asegurar la ética y la transparencia en las organizaciones”, asegura José Luis Blasco, socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España.

La inversión ética y la exposición de las empresas en las redes sociales apuntan en la misma dirección. Los inversores institucionales presionan para integrar la RSC en las compañías a fin de evitar pérdidas por escándalos medioambientales o sociales provocados por ellas. El consumidor perdona un producto defectuoso, pero no el que esté hecho por niños, y esas malas prácticas se amplifican con las redes sociales. “La confianza de la sociedad forma parte del capital de las empresas. Desarrollar una política ética y vigilar su cumplimiento debe estar en el máximo nivel ejecutivo de las organizaciones. Si los consejos de administración no lo asumen, los inversores pensarán que las empresas tienen lagunas de cumplimiento”, remacha Blasco.

Enagás reconoce la presión de los inversores institucionales internacionales, muy presentes en su capital, para desarrollar una política de RSC exigente. El consejo de administración del operador gasista recogió estas funciones en 2010 y “enseguida ligamos el cumplimiento de esta política a la retribución variable a largo plazo del equipo directivo. Y lo hemos repetido en nuestro compromiso de reducir un 30% las emisiones de CO2 entre 2016 y 2018 sobre las emisiones de los tres años anteriores”, detalla Rafael Piqueras, secretario general de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y RSC de Enagás.